Bullrich le puso marca personal al juez Otranto

Por Sebastián Premici

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Un funcionario del Ministerio de Seguridad sigue de cerca la causa por la desaparición de Santiago Maldonado

Con la excusa de actuar como “auxiliar de la Justicia”, Gonzalo Cané está tras el magistrado. El lunes lo acompañó en el allanamiento a la Pu Lof en donde no dejaron estar a los querellantes. El viernes declaran dos testigos claves.

El secretario de Coordinación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, funcionario que depende directamente de Patricia Bullrich, siguió de cerca el allanamiento realizado el lunes en la Pu Lof en Resistencia Leleque, en el departamento de Cushamen. Bajo la excusa de ser un “auxiliar de la Justicia”, Cané sostuvo que acompañó al juez en el momento en que se realizaban algunas medidas de prueba durante las doce horas que duró el operativo. Desde un primer momento, las querellas y la Defensoría oficial cuestionaron la decisión del juez Guido Otranto por permitirle a la Gendarmería (el Estado nacional),que es la fuerza investigada en la causa por la desaparición forzada, ser parte del expediente. El contexto es clave para comprender en su total magnitud el allanamiento del lunes y la participación de Cané: el hecho de que el Estado no haya apartado, aunque sea de manera preventiva, a ningún comandante de la Gendarmería podría ser leído como un mensaje intimidatorio hacia la comunidad mapuche, sumado al hecho de la “detención” que sufrió el testigo Matías Santana durante las doce horas que duró el allanamiento. El viernes declararán ante el juez Ailinco Pilquiman y Nicolás Daniel Hernández Huala, otros dos testigos claves en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

“Es el procedimiento, el allanamiento porque no es un procedimiento, más grande de la historia argentina, 380 efectivos, buzos, más de 40 móviles, dos helicópteros, cuatro camiones de comunicaciones de Policía Federal, telefonía satelital, los cuerpos especiales de la PFA, grupo Albatros de Prefectura, etc”. Así explicó Cané el allanamiento del lunes, como si estuviera describiendo lo acontecido para una publicidad del Ministerio de Seguridad. 

Cuando la integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Mabel Sánchez, le preguntó al juez Otranto por qué si se trataba de una medida judicial ordenada por él estaba en el lugar, a modo de supervisor, el funcionario del Ministerio de Seguridad, la respuesta del magistrado fue concisa: “Porque ellos pusieron el equipamiento.” Al mismo tiempo en que Cané fue un testigo privilegiado de los rastrillajes y del levantamiento de pruebas junto a Otranto, ni la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, ni el Defensor Oficial, Fernando Machado, pudieron ingresar a la Pu Lof para ser testigos del allanamiento. Otranto no se los permitió. 

“Es una clara muestra de parcialidad porque a la abogada de la familia ni a mi nos dejaron pasar. El CELS y la APDH pudieron ingresar recién a las 15. Un oficial fue a darles aviso de mi presencia y cuando regresó, nos dijo que el juez nos recibiría cuando terminara el operativo. Es una situación lamentable y peligrosa”,  sostuvo a PáginaI12 Machado.

En el pedido de recusación que realizó la familia de Maldonado también fue solicitada la unificación de las dos causas con el objetivo de evitar este tipo de intromisiones. PáginaI12 le realizó algunas preguntas a Cané, cuando éste salía del Juzgado Federal de Esquel, ayer al mediodía.

–¿En calidad de qué participó el Ministerio de Seguridad?

–El Ministerio participa porque es el nexo directo con las fuerzas, es lógico que participe, lo ilógico sería que no haya integrantes del Ministerio coordinando el trabajo de las fuerzas de seguridad. 

–¿Pero en un allanamiento de estas características es normal?

–Somos funcionarios públicos, auxiliares de la justicia.

Sobre la decisión de Otranto de no dejar ingresar a ninguna querella al inicio del operativo, sostuvo: “No veo otros allanamiento en causas de narcotráfico donde se les avise a las partes que van allanar.”

–Pero existe otro expediente donde se investiga la desaparición forzada con responsabilidad del Estado (Gendarmería)–, preguntó este diario.

–Pero en ese expediente no se dictó la medida, se dictó en el habeas corpus.

–Pero los hechos y el escenario son los mismos–, retrucó PáginaI12. 

–No, son diferentes. En el habeas corpus se pretende la aparición y el esclarecimiento de la desaparición de la persona, en la querella que lleva adelante la fiscal (Silvina Avila), lo que se intenta determinar es la responsabilidad de la persona o grupo de personas responsables de la desaparición de Santiago Maldonado.

–Pero el lugar y los hechos para ambos expedientes son los mismos–, insistió este diario. 

–El Estado nacional, Gendarmería, no tiene acceso a la causa de la fiscal (desaparición forzada)–, concluyó Cané.

El Gobierno sigue apostando a ensuciar el expediente que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado. La presencia de los funcionarios del Ministerio de Seguridad va en ese sentido. A la salida del juzgado federal, el Secretario Coordinador con los Poderes Judiciales dejó entrever que podría sumarse una nueva causa penal al caso, una denuncia hacia la propia comunidad mapuche por la supuesta quema o tala de una parte del monte dentro de la Pu Lof. “Ahí hay un tema más grave, que es la modificación de la escena que es un delito penal. Hay que ver qué camino se va a seguir con esto que complica cualquier tipo de reconstrucción sobre la escena donde se cometió este hecho”, sostuvo Cané. El Gobierno no se aparta de su libreto de persecución hacia la Pu Lof en Resistencia.

Bajo este contexto se realizó el allanamiento el lunes. El juez Guido Otranto informó ayer, a través de un comunicado, los resultados que ya habían sido adelantados por este diario en la edición de ayer. El magistrado comunicó que en una de las viviendas allanadas se secuestró una mochila “cuyas características coinciden parcialmente con la descripta por dos testigos como la que usaba Santiago Maldonado el día de su desaparición”. 

También fueron secuestradas varias camperas de color negro, teléfonos celulares y una segunda mochila encontrada bajo un árbol cercano a la costa del otro lado de la orilla. 

Con el allanamiento del lunes, Otranto siguió una de las “hipótesis” delineadas por el Poder Ejecutivo: que Santiago Maldonado podría haber cruzado el río y que se encontraría allí. “Las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que materializa el juez resultan desafortunadas para el avance del objetivo y dejan en el ambiente un raro tufillo”, sentenció Machado en diálogo con PáginaI12.